Tribunal administrativo de antioquia sala primera de oralidad magistrado ponente




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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA



SALA PRIMERA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO
Medellín, cinco (5) de noviembre de dos mil trece (2013)


ACCIÓN

TUTELA

DEMANDANTE

DAVID MARIO ARANGO ROLDÁN

DEMANDADOS

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN

RADICADO

05001-23-33-000-2013-01699

INSTANCIA

PRIMERA

ASUNTO

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD POR EL ESTADO. DERECHO DE PETICIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ESPECIAL IMPORTANCIA. LA SOLA ENUNCIACIÓN DE UN TURNO NO ES SUFICIENTE. RESPUESTA NOTIFICADA DURANTE EL TRÁMITE DE TUTELA SATISFACE EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICIÓN-

DECISIÓN

NIEGA AMPARO. HECHO SUPERADO.

SENTENCIA

S1–046

El señor DAVID MARIO ARANGO ROLDÁN en ejercicio del medio de control de cumplimiento promueve demanda contra el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN al considerar que incumplen lo dispuesto en los artículos 142 a 147 de la ley 65 de 1993, así como la Resolución N° 7302 de 2005; y en consecuencia se ordene su cumplimiento y se le realicen las evaluaciones en los tiempos estipulados.


La demanda se presentó el 21 de octubre de 2013 ante la Secretaría del Tribunal, asignada por reparto, el día 23 de octubre en apoyo al artículo 9 de la Ley 393 de 1997 se decide imprimirle otro trámite al proceso y encaminarlo por la acción de amparo de derechos fundamentales.
1. ANTECEDENTES
1.1 Hechos
El señor David Mario Arango Roldán expone en su escrito de demanda, los hechos que a continuación se resumen:
El día 14 de marzo de 2012 ingresé al EPMSC de Medellín –Bellavista– por haber sido condenado a una pena de 76 meses de prisión. A la fecha de presentación de la demandada he redimido 20 meses físicos y aproximadamente 3 meses por actividades de redención.

El día 13 de septiembre de 2013 me trasladaron al Establecimiento Carcelario de Itagüí en virtud de un fallo de tutela, pero el día 25 siguiente sin explicación alguna fui de nuevo llevado a Bellavista al patio 2.


Solicité al Área de Atención y Tratamiento que me ubicaran en la actividad de rebaja de pena que estaba llevando a cabo, asimismo, que me evaluaran para cambio de fase de observación y diagnóstico a alta, en cumplimiento de la Ley 65 de 1993, decretos y resoluciones concordantes.
La Ley 65 de 1993 ordena realizar una continua y especial evaluación de observación, la primera de las evaluaciones debe ser máximo a los 3 meses, pero al momento no se ha realizado ninguna.
1.2 Pretensiones
El interno David Mario pide que se ordene al Director de Bellavista y a su Área de Atención y Tratamiento que se le realicen las evaluaciones en los tiempos estipulados.
Pretende se ordene su evaluación para pasar de la fase de diagnóstico y observación a false de alta seguridad; de esa forma reintegrarse a las actividades de redención de pena que habían comenzado el día 16 de octubre de 2012
Solicita que se ordene una verificación del sistema de turnos para que sea confiable.
1.3 Posición del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín
Dentro del término concedido el representante legal del establecimiento contesta la demanda de tutela, así:
Para la inclusión en los programas de redención de pena no se puede realizar una asignación inmediata, desconocería el derecho de los demás internos que esperan también turno. Es cierto que el tratamiento penitenciario implica realizar varias veces evaluación en fase de seguridad, pero ello no implica un manejo desordenado, que consista en practicar una evaluación a un interno cada vez que este lo solicite.
Por medio de listados generales se asignan turnos, así de forma ordenada se alcanza una mejor eficiencia para la práctica de evaluaciones, el penal tiene un problema estructural y de congestión, con un sobrecupo de 5.206 internos; lo que impide resolver las numerosas solicitudes relacionadas con la inclusión en los programas de redención de pena y evaluación para ubicación en fase de seguridad.
En cada centro carcelario hay una Junta de Trabajo, Estudio y Enseñanza que es la competente para conceptuar sobre el ingreso a las actividades laborales o educativas según la aptitud, vocación y disponibilidad de cupos disponibles.
Se citan providencias acerca de que la alteración de turnos desconocería los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso de otros internos.


  1. CONSIDERACIONES




    1. 2.1 Problema jurídico

Pasa la Sala a analizar si el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín desconoce los derechos fundamentales de petición, de debido proceso y de igualdad del interno David Mario Arango Roldán.


2.2 Marco teórico
2.2.1. La acción de tutela
De conformidad con las disposiciones que regulan la acción de tutela (artículo 86 de la Constitución Política y decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992), se puede ejercer con el objeto de reclamar ante la jurisdicción, a través de un procedimiento preferente y sumario, la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.
Han sido varios los pronunciamientos del máximo órgano Constitucional respecto al carácter residual de la acción de tutela, es así que mediante sentencia T-187 del 18 de marzo de 2010, entre otros, la Corte Constitucional manifestó:
En repetidas ocasiones esta corporación ha sostenido que la acción de tutela sólo es procedente en aquellos eventos en los cuales una persona que ve amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales no dispone de otro medio de defensa judicial; o cuando teniendo acceso a otro recurso resulte ineficaz o no sea lo suficientemente expedito para garantizar la protección solicitada, caso en el cual la tutela opera como mecanismo definitivo. De igual manera puede suceder que la acción de tutela se instaure con el único propósito de evitar un perjuicio irremediable; en este caso la acción de amparo se concederá como mecanismo transitorio.1

Conforme a esa posición reiterada de la Corte Constitucional es claro que la acción de tutela no ha sido consagrada para reemplazar los mecanismos ordinarios de defensa judicial, como quiera que tiene carácter subsidiario, es decir, sólo es posible acudir a ella cuando no exista otro medio de defensa, o que existiendo, éste no tenga la vocación de ser idóneo y eficaz para evitar un perjuicio irremediable.
La acción de tutela tiene carácter residual o subsidiario, lo que quiere decir que no es una instancia adicional, alternativa, acumulativa o complementaria a las acciones o recursos ordinarios señalados por las leyes para la defensa efectiva y actual de los derechos constitucionales fundamentales, sino que únicamente resulta procedente ante la ausencia de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En virtud del orden subsidiario y residual de la tutela, la misma sólo procede (i) cuando no existe ninguna otra acción judicial por la que se pueda resolver un conflicto relacionado con la vulneración de un derecho fundamental; (ii) cuando existiendo otras acciones, éstas no resultan eficaces o idóneas para la protección de tales derechos; (iii) cuando aún existiendo acciones ordinarias, resulta imprescindible la intervención del juez de tutela para evitar que ocurra un perjuicio irremediable2.
Al respecto, el Juez Constitucional ha estimado que deben concurrir unas condiciones especiales que harían procedente el amparo transitorio, como son (i) que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un derecho fundamental; (ii) que de ocurrir no exista forma de reparar el daño producido al mismo; (iii) que su ocurrencia sea inminente; (iv) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) que la gravedad de los hechos, sea de tal magnitud que haga evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales3.


2.2.2. Derechos constitucionales fundamentales de las personas privadas de la libertad
Los derechos constitucionales y fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad, deben ser protegidos por el Estado, garantizándoles a su vez, las condiciones mínimas que les permita disfrutar y gozar de una vida digna y humana.
Respecto a las condiciones particulares de las personas privadas de la libertad así como de la protección constitucional de sus derechos fundamentales el máximo Órgano de lo Constitucional, en sentencia T-175 de 20124, expresó:
(...)

Doctrina constitucional acerca de las relaciones de especial sujeción.

 

De la existencia, identificación y régimen de las llamadas ‘relaciones especiales de sujeción’ entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.

 

De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican  (i) la subordinación de una parte (el recluso), a la otra (el Estado);  (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y administrativos especiales y [la] posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, incluso fundamentales).  (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado por la Constitución y la ley.  (iv) La finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización).  (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).

 

(…)

En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho.”

 

En el pronunciamiento en cita, la Corte Constitucional exhorta a los jueces constitucionales a resaltar el valor de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad por el Estado, al afirmar que la especial protección de su dignidad y el goce efectivo de sus derechos impacta todos los momentos del proceso.


Se infiere la obligatoria asistencia estatal a que están sujetos las personas privadas de su libertad, independiente de la situación legal en que se encuentren, al hacer parte de un grupo poblacional de especial atención que requieren la garantía de condiciones necesarias para su reclusión en términos de dignidad, entendida como autodeterminación dentro de las limitaciones en que se encuentran, condiciones concretas de existencia, protección de bienes inmateriales como integridad física y moral; en conclusión, a que se les respete y protejan sus derechos constitucionales y fundamentales.
2.2.3. Derecho fundamental de petición
El derecho de petición, de manera general, está consagrado en los artículos 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los cuales se establece un término de quince (15) días para que las autoridades procedan a dar respuesta a las solicitudes presentadas por los particulares. Sin embargo, esta regla es de carácter supletiva, en cuanto sólo procede en los casos en que no exista una normativa especial que señale término diferente al establecido.
El artículo 23 constitucional establece que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”; en razón al alcance del derecho fundamental analizado, la Corte Constitucional en sentencia T-462 de 20035, sostuvo:
(…) a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.” (Negrillas fuera de texto)
En pronunciamiento posterior la corte en cita agregó que la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea la petición no la exoneraba del deber de responder, puesto que es deber de las autoridades remitir al particular al ente adecuado.
En relación con el núcleo esencial del derecho de petición la Corte Constitucional6 sostuvo:

(…) En la resolución pronta y oportuna del asunto, pues sería inocuo contar con la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o deja de notificar el sentido de lo decidido. En ese orden, la respuesta, debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: i) ser oportuna; ii) resolver de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; iii) ser puesta en conocimiento del peticionario. Con todo, cuando no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición”.

Así entonces la Corte Constitucional ha indicado que la respuesta al derecho de petición debe ser oportuna, clara, precisa congruente con lo solicitado y conocida por el peticionario. Si a la entidad no le corresponde realizar la gestión solicitada o absolver las consultas o no es competente para suministrar la información que se solicita, debe en todo caso remitir la solicitud a la entidad o autoridad pública competente, e informar al solicitante sobre el trámite adelantado.


  1. Caso Concreto

El señor David Mario Arango Roldán está purgando una pena de prisión de 76 meses en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín. Sostiene que su tratamiento penitenciario y su proceso de redención de pena se han visto suspendidos en tanto no se le han hecho las evaluaciones correspondientes para el cambio de fase.


La autoridad accionada contesta la tutela señalando que existe hacinamiento en el penal y que el procedimiento para las evaluaciones de los internos se realiza a través de la asignación de un turno, el cual no puede ser desconocido porque implicaría la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los demás reclusos que están en lista de espera.
Encuentra la Sala que la Corte Constitucional se ha referido en forma específica al derecho de petición elevado por las personas privadas de la libertad por parte del Estado. En un caso en el que un interno solicitaba a las autoridades del centro penitenciario ser inscrito en programas de crecimiento personal, la Corte expresó que el derecho de petición respecto a internos en penales adquiría especial trascendencia, al convertirse en el único mecanismo jurídico con el que cuentan para perseguir el cumplimiento de los deberes del Estado.
Se refirió en aquella oportunidad a que en el marco de la ejecución de una pena existen unas subreglas y/o principios7:
(i) las autoridades carcelarias deben responder las solicitudes de los internos de manera completa y oportuna, aunque no necesariamente en sentido favorable; (ii) los funcionarios competentes están en la obligación de evitar dilaciones injustificadas al responder las peticiones; (iii) la respuesta requiere una motivación razonable, independientemente del sentido de la decisión; (iv) ante la existencia de dificultades administrativas que impidan a las autoridades dar respuesta dentro del término legal, estas tienen la carga de demostrar que se trata de obstáculos irresistibles, que hacen materialmente imposible, dar respuesta oportuna a lo requerido; (v) cuando un interno solicita beneficios administrativos, el centro penitenciario, así como los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, deben dar respuesta en los términos previstos por la ley, sin que sea legítimo oponer un “sistema de turnos” para la atención de cada solicitud ; (vi) si quien recibe la petición no tiene competencia para responderla, debe remitir los documentos pertinentes al órgano o funcionario competente .
Destaca la intérprete constitucional que la vulneración del derecho de petición dentro del contexto de los internos se mantiene si se dan respuestas que generan confusión, son incoherentes o insuficientes; contrario a ello, le es exigible a las autoridades carcelarias que orienten a los internos sobre su tratamiento penitenciario.
Retomando el caso concreto, aprecia la Sala que el señor David Mario el día 30 de septiembre de 2013 elevó petición al Coordinador del Área de Atención y Tratamiento en el cual comentó que venía desarrollando su proceso de redención de pena desde el 16 de octubre de 2012, y que deseaba ser reactivado en tal actividad; para ello era menester que se le realizara la evaluación para el cambio de fase y pasar así de observación y diagnóstico a alta (fol. 11 y 12).
El Responsable del Área de Atención y Tratamiento Penitenciario el día 8 de octubre de 2013 le informa que fue ingresado en un listado general para ubicación en fase, que la captura se produjo el día 14 de marzo de 2012 y el turno para cambio de fase es 2813 de 4742, por lo tanto cuando llegue su turno se dará inicio al proceso establecido para la ubicación en fase de seguridad, por el Consejo de Evaluación y Tratamiento del Establecimiento (CET).
De conformidad con la jurisprudencia constitucional y la especial importancia que se le asigna al derecho de petición elevado por personas privadas de la libertad por el Estado, al constituir el único medio de comunicación jurídica con las autoridades carcelarias, la Sala al dar lectura concluye que no es una respuesta suficiente, clara y orientadora a la petición del interno Arango Roldán, ya que se le indica que le correspondió el turno 2813, sin indicarle como se están evacuando y agotando los turnos, la periodicidad en que el penal está adelantando el procedimiento de valoración, la fecha probable o aproximada en que será evaluado; pues la respuesta lo único que señala es la existencia de un listado general del cual le corresponde un número para ser atendido, que debe esperar, sin que se le oriente acerca de cómo se irá surtiendo el tratamiento penitenciario.
Respecto a la contestación de un derecho de petición en el que simplemente se enuncia un turno de atención, la Corte Constitucional8 ha señalado que las autoridades están obligadas a responder de forma precisa, evitando la demora en las respuestas, o las contestaciones evasivas; así como aquellas que tiendan a confundir al peticionario. Razón por la cual, señala que la respuesta aparente que no niega, ni concede lo pedido, constituye una desorientación al interesado sin que tenga una mínima certidumbre sobre la conducta que debe observar frente a la administración respecto a sus necesidades o inquietudes, esto es, no puede hacer efectiva su pretensión pero tampoco significa que haya sido fallida, y agrega la corte: no se considera una respuesta efectiva la información que se da al peticionario sobre cuál es el estado del trámite en que se encuentra su solicitud y el número de su turno, o la expresión de que ya se han surtido algunos trámites preparatorios al acto definitivo, pues lo que verdaderamente interesa a aquél es obtener una contestación de fondo, clara y precisa, en torno a sus inquietudes, o respecto de lo que estima son sus derechos.9
En otro pronunciamiento, la intérprete constitucional también desestima la respuesta a un derecho de petición consistente en la sola enunciación de un turno, al reiterar que la mera información del estado del trámite o el número del turno dado a la solicitud presentada por el interesado no constituye una respuesta efectiva y de fondo y, por tanto, si la administración resuelve sólo en este sentido se entiende violado el derecho de petición. Es claro entonces, que se debe estudiar el caso concreto (…).10
Sin embargo, con la contestación de la tutela y posterior a la admisión de la misma se le notifica al interno David Mario otra respuesta al derecho de petición por él presentado en septiembre; la cual es mucho más extensa en contenido y se ocupa por explicarle los trámites y procedimientos que están haciendo las autoridades carcelarias, y de referirse a su caso concreto, le señalan también por qué no es posible alterar el estado de los turnos, las razones de los atrasos, el personal que está dedicado a la función de evaluación de los internos; y adicional a lo anterior, le dan una fecha probable para su evaluación. Para la Sala la respuesta del 8 de octubre de 2013 a la respuesta mejorada del 28 de octubre del mismo año, son diferentes y llevan a dos decisiones y apreciaciones distintas, mientras en la respuesta inicial solo se enunciaba un turno asignado, en la segunda respuesta se ocupan de explicar el procedimiento que se surte al interior del penal relacionado con su evaluación, de referirse a su caso concreto, de orientarlo en la forma y el personal que se está dedicando a tal etapa dentro del tratamiento penitenciario y de indicarle la fecha probable que será evaluado por el abogado y las dos sicólogas del establecimiento, respuesta que satisface el núcleo esencial del derecho de petición (fol. 27).

En cuanto a la alteración de turnos y a la orden de evaluación para cambio de fase, tales decisiones no son posibles de obtener a través de este mecanismo de amparo, ya que se reitera, si bien no es suficiente que se dé respuesta contentiva de un turno, ello no significa que el sistema de turnos como instrumento de la administración para la organización de las solicitudes y evacuación de las mismas no esté justificado en el seno del funcionamiento de las entidades, lo que se reprocha es que las autoridades respondan las peticiones solo apelando al sistema de turno sin referirse al caso concreto de los peticionarios, ni orientarlos acerca de las medidas y la forma en que se están atendiendo las solicitudes, así como de que no se ocupen de dar una fecha probable y razonable en que será atendida la petición; ya que un sistema de turnos permite el respeto por los derechos al debido proceso y a la igualdad de las personas que también se encuentran en ese listado con peticiones anteriores.


Por las razones expuestas, teniendo en cuenta que en el trámite de la acción de tutela que le imprimió este Tribunal al proceso, el establecimiento carcelario satisfizo, dio respuesta suficiente y orientadora a la petición del interno David Arango; se ha configurado lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde otrora denominara hecho superado, esto es, que existe sustracción de materia cuando la situación de hecho que fundamenta la acción de tutela es superada.
En sentencia T-175 del 08 de marzo de 2010, la misma corporación, respecto a la figura del hecho superado, mencionó:
5. El hecho superado. Reiteración de jurisprudencia
5.1. La figura del hecho superado ha sido ampliamente reiterada por esta Corporación señalando que este se presenta cuando cesa la acción u omisión impugnada de una autoridad pública o un particular, tornando improcedente la acción impetrada, porque no existe un objeto jurídico sobre el cual proveer. Por tal razón la tutela pierde eficacia y razón de ser.
Ha dicho la jurisprudencia constitucional: “si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela”.
Cesada la vulneración de los derechos fundamentales del accionante respecto de los cuales solicitaba su protección, no habrá lugar a acceder al amparo, por cuanto su objeto ha perdido razón de ser.

Por lo expuesto, el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE ORALIDAD, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


F A L L A
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de petición, de igualdad y debido proceso invocados por el señor DAVID MARIO ARANGO ROLDÁN en contra del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN “BELLAVISTA”, en virtud de la carencia actual de objeto por la ocurrencia del hecho superado y de acuerdo a los argumentos expuestos en la presente providencia.
SEGUNDO. Notificar la presente providencia a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Como quiera que el actor está recluido en un centro penitenciario, SE COMISIONA AL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLÍN para que le notifique el contenido de la presente decisión al señor David Mario Arango Roldán, identificado con CC 98.544.311 de Envigado, T.R 289520, en el patio 2. Se enviará constancia de tal acto para que obre en el expediente.
TERCERO. ENVIAR a la Honorable Corte Constitucional, si no fuere impugnada esta decisión (artículo 31 ibídem).
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia se estudió y aprobó en Sala de la fecha, como consta en Acta NÚMERO 124
LOS MAGISTRADOS,


ÁLVARO CRUZ RIAÑO

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

YOLANDA OBANDO MONTES

3.



1 Ver artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.

2 Sentencia T-434 del 7 de mayo de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño

3 Corte Constitucional. Sentencia T-731 del 15 de octubre de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

4 CConst, Sentencia T-175/12, M.P: María Victoria Calle Correa.

5 CConst, sentencia T-462/03, MP: Eduardo Montealegre Lynett.

6 CConst, Sentencia T-171/10 M.P. Mauricio González Cuervo

7 CConst, Sentencia T-825/09, MP: Luis Ernesto Vargas Silva

8 CConst, Sentencia T-363/97, MP: José G. Hernández G.

9 Ibíd.

10 CConst, Sentencia T-495/02. MP: Alfredo Beltrán Sierra


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