Corte suprema de justicia




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República de Colombia

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Tutela No. 61.472

XABIER IVANN ALEJANDRO PINEDA CERÓN

Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:



Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

Aprobado Acta No. 254.



Bogotá, D.C., once de julio de dos mil doce.

VISTOS
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el apoderado especial de XABIER IVANN ALEJANDRO PINEDA CERÓN, contra la SALA ÚNICA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL, a cuyo trámite se dispuso la vinculación de la FISCALÍA 25 SECCIONAL, del JUZGADO PRIMERO PENAL CIRCUITO de la misma ciudad y de quienes ostentaron la condición de parte en el proceso penal censurado por la parte actora.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
1. Del libelo de tutela y de la información allegada a la actuación se desprende que en virtud al preacuerdo celebrado entre el señor XABIER IVANN ALEJANDRO PINEDA CERÓN y la Fiscalía 25 Seccional de Yopal, el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, mediante sentencia del 23 de mayo de 2012, condenó al accionante a la pena principal de 102 meses de prisión como autor responsable del delito de homicidio agravado en grado de tentativa del cual fuera víctima su compañera permanente. Adicionalmente, le impuso la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por igual término, y le negó el subrogado penal de la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.
1.2. La sentencia reseñada fue recurrida por la representante del Ministerio Público y el representante de las víctimas, motivo por el cual la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, mediante auto del 21 de junio de 2012, decretó la nulidad del preacuerdo celebrado el 2 de febrero de ese mismo año, al considerar que:

  1. El desconocimiento de los derechos de la víctima en la realización del preacuerdo.


En la sentencia C-516 de 2007, al declarar la exequibilidad de los articulos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y el imputado o acusado, debiendo ser oída e informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo, en pro de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, dice la Corte Constitucional:
Pues bien, artículo 11 que tiene el carácter de principio rector del ordenamiento procesal penal establece que el Estado garantizará el derecho de las víctimas a la administración de justicia, en los términos allí predeterminados. En tanto que el literal f) del mismo precepto destaca el derecho de las víctimas “A que se consideren sus intereses al adoptar una de decisión discrecional sobre ejercicio de la persecución del injusto”. Si bien como se anotó en aparte anterior los mecanismos de negociación no están fundados en la aplicación de un principio dispositivo sobre la acción penal, sino en el consenso y en la disposición sobre algunos aspectos de la imputación,  de sus consecuencias,  y de las etapas del procedimiento, su aplicación conlleva a decisiones con enorme impacto sobre los derechos de las víctimas. 

(…)

La exclusión patente de las víctimas de los procesos de negociación, no responde a las finalidades que la misma ley le atribuye a la institución (Art. 348). No conduce a la humanización de la actuación procesal prescindir del punto de vista del agraviado o perjudicado en la construcción de un consenso que puede llevar a la terminación del proceso, escenario en el que se deben hacer efectivos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. La eficacia del sistema no es un asunto que involucre únicamente los derechos del acusado y los intereses del Estado; no se puede predicar la eficacia del sistema cuando se priva a la víctima de acceder a un mecanismo que pone fin al único recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos a la verdad y a la justicia. Es imposible activar de manera adecuada la solución del conflicto social que genera el delito, y propiciar  una reparación integral  de la víctima, si se ignora su punto de vista en la celebración de un preacuerdo o negociación. Finalmente la titularidad del derecho de participación en las decisiones que los afectan reposa tanto en el imputado o acusado como en la víctima o perjudicado.
Si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrado entre la Fiscalía y el imputado, debe ser oída (Art. 11.d) por el Fiscal y por el juez que controla la legalidad del acuerdo. Ello con el  propósito de lograr una mejor aproximación a los hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita incorporar en el acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la víctima. Celebrado el acuerdo  la víctima debe ser informada del mismo a fin de que pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras a su aprobación el juez velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima. (Art. 351, inciso 4°).

Así mismo, preservada la intervención de la víctima en los términos de esta sentencia, aún retiene la potestad de aceptar las reparaciones efectivas que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, o rehusarlas y acudir a otras vías judiciales (Art.351. inciso 6°);  así mismo conserva la potestad de impugnar la sentencia proferida de manera anticipada (Arts. 20 y 176),  y  promover, en su oportunidad, el incidente de reparación integral (Art. 102).
Como se dejó mencionado en la síntesis proecesal, desde la audiencia preliminar de la imposicion de medida de aseguramiento, OMAR SAMACA padre de la victima se hizo partícipe en el proceso, designando como apoderada a la doctora CLARIBETH MELO, asimismo, en la audiencia de fecha 20 de febrero de 2012, se le reconoció personeria juridica al abogado NELSON BARRERA ROA hoy recurrente, quien manifestó …el abogado LUIS FERNANDO QUIROGA ROJAS quien reside en la ciudad de Bogotá, que por razones de tiempo y disponibilidad no puede continuar con la defensa de los intereses de la victima afectada… Obrando igualmente poder otorgado al doctor BARRERA ROA por parte de la madre y curadora provisional de bienes de la victima JOHANA ISABEL SAMACA.
Ahora bien, en lo que respecta especificamente el acta de preacuerdo en ella es posible observar que se encuentra suscrita por el profesional del derecho LUIS FERNANDO QUIROGA ROJAS y se deja la siguiente constanciaEl señor representante de la victima presente en esta audiencia manifiesta que no se opone al presente preacuerdo y que en forma oportuna y legal presenta incidente de reparación y perjuicios…
Asi las cosas, formalmente no encuentra la Sala que se haya dado alguna irregularidad sobre este aspecto, pues, como se aprecia la vìctima directa a través de sus padres ha participado desde el comienzo del proceso se hizo parte en el preacuerdo celebrado entre Fiscalìa y el procesado. Anotando que no es cierto lo que menciona el defensor del procesado en cuanto a que la participación de la víctima en el proceso y sus derechos terminan con la responsabilidad del procesado, pues, como lo ha sostenido la jurisprudencia y asi se encuentra reglamentado, los derechos de la víctima abarcan el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación y, en este sentido su participación tambien incumbe lo referente a la veracidad de los hechos.
Con relación a la obtención de copia del dictámen forense de caida libre, razón le asiste al representante de la víctima, pues el Fiscal al ocultar información a su representante, restringue sus posibilidades de control que hacen efectivo el derecho. Ahora, aunque si bien es cierto que la obligación de descubrimiento es concomitante y posterior a la audiencia de formulación de acusación –Art. 344 y siguientes CPP-, no es menos cierto que el descubrimiento no se surte únicamente con el suministro de la copia del documento pedido, sino que tambien puede hacerse: (i) informando sobre la existencia, naturaleza y ubicación de todos y cada uno de Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física, en adelante EMPEF; (ii) entregándolos cuando sea racional y materialmente posible; (iii) facilitando el acceso real a los EMPEF en el lugar donde se encuentren, o dejándolos a su alcance como lo indica la CSJ-SCP: sentencia de 21 de febrero de 2007, radicación 25920. Y en el presente asunto, no se advierte que el ocultamiento del informe del perito forense descanse en una de las razones del artículo 345 ídem.
De otra parte, no aparece en el escrito ni en su presentación, información sobre como y porque sucedieron los hechos, es decir, la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real…(Sentencia C-282/02)
En estas condiciones la intervención de las víctimas resulta lastimada, en cuanto que se le impide recibir información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circuntancias del injusto del cual han sido víctimas –Art. 11-e CPP.
(ii) La legalidad de la pena o de la rebaja del 49% otorgada por la aceptación.
Las formas anticipadas de terminación del proceso que consagró el legislador en la Ley 906 de 2004, artículos 348 y siguientes, asi como los descuentos punitivos allí consagrados, obedecen a la finalidad …humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, lograr la participación del imputado en la definición del caso… en los que se debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento… y su monto es proporcional al momento procesal en que se de la aceptación, es decir está sujeto al mayor o menor grado de ahorro en recursos investigativos del Estado en el proceso. Desechando con ello las razones que en criterio del apoderado de las vícitmas debe tenerse en cuenta al momento de realizar el descuento punitivo.
Según quedó expresado en el acta de preacuerdo del cual se hizo la transcripcion pertinente, la Fiscalía no explica de forma específica el por qué, concede este descuento, empero, de la lectura completa del escrito ayudado con su intervención y la de la defensa en el traslado de los recursos, es fácil concluir que la misma acompasa con el momento procesal descrito en el articulo 351 del CPP “una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible cuando el evento se produce en la audiencia de formulación de la imputación”, no perdiendo de vista que si bien al procesado XAVIER IVÁN ALEJANDRO PINEDA, con anterioridad se le habían imputado cargos por el delito de violencia intrafamiliar respecto del cual no los aceptó y, el preacuerdo ocurre antes de presentarse otra actuación previa a la presentación del escrito de acusación; desechan la flagrancia aduciendo que esa se presentó para el delito de violencia intrafamiliar, delito que requería de querella y por tanto no procedía la captura, y no para el delito acordado de HOMICIDIO AGRAVADO; y desechan el concurso porque se trata un mismo hecho, unas lesiones personales que constituyen el delito de violencia familiar y finalmente con la nueva evidencia fue calificado como TENTATIVA DE HOMICIDIO.
Con relación a la situacion de flagrancia1, para la Sala es claro que estamos frente a un caso de flagrancia, porque, la situacion fáctica que originó la actuación de la Fiscalía –Policía Judicial-, donde fue capturado PINEDA CERÓN no varia, lo que puede variar es la explicación de lo ocurrido, pero tales hechos, los expuestos por la Fiscalía al inicio de la audiencia de legalización de la captura y que legalizó el Juez de Control de Garantías, no pueden ser cambiados, es un imposible físico. Lo que cambió fue la calificación jurídica de los hechos, no estos.
Es decir, para la Sala es claro que la persona del imputado capturada en flagrancia porque estaba en una o varias de las siguientes circunstancias (i) señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración; (ii) sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él y (iii) sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después…Como puede verse, para la configuración de la flagrancia no se requiere que se trate de uno u otro delito o conducta punible.

Otra cosa es la conservación o no, de la detención del capturado, que no puede desconocer la flagrancia como pretende hacer ver la defensa, este tema fue resuelto en primera instancia por el Juez de Control de Garantías y en segunda por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de esta ciudad (12’ a 19’ CD2).
Revisado el escrito del preacuerdo, se constata que en el mismo, la Fiscalía no hizo ninguna referencia sobre este aspecto, en el sentido de precisar si aplicaría o se apartaría del texto normativo en aplicación de la excepción de constitucionalidad, atendida la complejidad que implica el contenido del parágrafo del artículo 301 en el contexto del artículo 351 CPP. Es decir, la determinación de la rebaja por negociaciones o preacuerdos en los casos de flagrancia, para lo que como advierte el Ministerio Público, esta Corporación ha establecido pautas en Auto del 31 de marzo de 2004 Rad. 2003-00014, reiterado en sentencia de 17 de abril de 2012. Rad. 2011-80150)
Los preacuerdos deben establecer con claridad y precisión, todas las situaciones que conllevan circunstancias de modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales se atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende fijan para el procesado la imputación fáctica y jurídica. Entre otras, en la sentencia 27759 de 12 de septiembre de 2009, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, expuso:
Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) podrá –el fiscal- de manera consensuada, razonada y razonable excluir causales de agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la conducta dentro de la alegación conclusiva de una manera específica con miras a morigerar la pena y podrá –la defensa, la fiscalía, el Ministerio Público y las víctimas- mensurar el costo / beneficio del preacuerdo.

Todo ello dentro de la legalidad, dentro de márgenes de razonabilidad jurídica, es decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal en un festín de regalías que desnaturalizan y desacreditan la función de Administrar justicia, en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad y al derecho de las víctimas de conocer la verdad.
El parámetro de la negociación de los términos de la imputación no es la impunidad; el referente del fiscal y de la defensa es la razonabilidad en un marco de negociación que no desnaturalice la Administración de justicia...
Así las cosas la Fiscalía no sustentó la rebaja en tal porcentaje y dejó de considerar la situación de flagrancia.
Como se dejó mencionado en la síntesis procesal, en lo referente al preacuerdo presentado, no es cierto que la Fiscalía haya omitido pronunciamiento alguno sobre el delito de violencia intrafamiliar incialmente imputado, por el contrario, en el escrito del preacuerdo se explica cómo, no obstante en un comienzo se le imputó al procesado PINEDA CERÓN el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, con base en nuevos elementos de prueba (Informe Médico legal Nº 2011C- 080304041161, que se le ha practicado a la víctima, Johana Isabel Samaca, y el informe pericial de concepto técnico de caída libre, suscrito por perito de física forense Henry Augusto Cepeda), era inadecuada esa imputación, presentandose un tipo penal mas grave, esto es, HOMICIDIO AGRAVADO en la modalidad de TENTATIVA, punible por el cual procedió en el preacuerdo. Tampoco le asiste razón al Ministerio Público, en su apreciación respecto del concurso que se presenta entre éstos dos delitos, pues, si bien es cierto que artículo 31 del C.P.2 al referirse al concurso de conductas punibiles, nos habla del que con una accion infrinja varios tipos penales, como se presenta en este caso, también lo es que el artículo 229 ibidem3 al describir el delito de violencia intrafamiliar, deja expresamente mencionado que la misma se configura siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Entonces, sin mayor dificultad se advierte que el ilícito del HOMICIDIO AGRAVADO en la modalidad de tentativa, comporta una pena mayor -de 200 a 450 meses de prisión-, respecto de punible violencia intrafamiliar agravado sancionado con pena de 18 a 63 meses de prisión. Sin embargo, razón le asiste al Ministerio Público, puesto que de los EMPEF expuestos por la Fiscalía en la audiencia de imputación, se concluye que la víctima fue agredida antes de haber sido lanzada por la ventana, dice el fiscal que los policías en la habitación, encontraron algunas huellas o vestigios de que allí había ocurrido una circunstancia de pelea, riña, gresca, se encontraron fluidos color rojo y lagos hemáticos en la habitación. En tales condiciones debió explicar la Fiscalía como es que no consideró tales circunstancias, pues la intención que resulta de la agresión física en la habitación no es, ni puede ser considerada la misma con la que actuó al arrojarla por la ventana del tercer piso, ha debido pues explicar como el HOMICIDIO TENTADO al lanzarla por la ventana del tercer piso, subsume las LESIONES PERSONALES causadas con anterioridad en la habitación.
Por lo expuesto, el preacuerdo no podía ser aprobado por el juez de instancia, ya que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 351 del CPP, los preacuerdos... obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten garantías fundamentales… al respecto dice la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 27759 de 12 de septiembre de 2009:
La teleología de los preacuerdos y de la aceptación pura de cargos radica en que deben tramitarse con total apego a la legalidad, porque de otra manera no pueden ser aprobados por el juez.”

Dicho de otra manera, la falta de sustentación del preacuerdo desdice del estado de derecho en cuanto que impide el control de esa función pública por parte de los administrados en general y de los sujetos procesales en particular, y de otra, desprestigia las instituciones porque para las víctimas y la sociedad queda un amargo sabor de injusticia.”
2. Ahora el señor PINEDA CERÓN, a través de apoderado, en ejercicio de la acción constitucional, pretende que el juez de tutela (i) ampare sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, (ii) declare la inconstitucional de la decisión del 21 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, (iii) se ordene a la aludida colegiatura modificar la decisión objeto de reproche e instarlo para que “dicte fallo impartiendo la legalidad del preacuerdo celebrado el 2 de Febrero de 2012 entre la Fiscalía 25 Seccional de Yopal, el imputado … y las víctimas” , y (iv) se declare la legalidad de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal el 23 de mayo de 2012.
Para fundamentar su pedimento, en síntesis, arguye que el Tribunal accionado excedió sus facultades al resolver el recurso de alzada, pues su actuar estuvo direccionado a resolver de fondo sobre la legalidad del preacuerdo, el cual no había sido impugnado por los sujetos procesales e intervinientes, desconociendo así la naturaleza y alcance de la figura que anticipa la terminación del proceso.
INFORMES DE LOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A LA ACTUACIÓN
Dentro del término de traslado de la demanda de tutela, se pronunciaron las siguientes autoridades:
1. Procuradora Judicial I Penal 222.
Luego de hacer la relación de lo acontecido en el proceso adelantado en contra del accionante, precisó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en su decisión de segunda instancia, no vulneró derecho fundamental alguno, ni violó el debido proceso, ni incurrió en vías de hecho, ya que por mandato legal, le corresponde decidir en segunda instancia las apelaciones de sentencias proferidas por los juzgados penales del circuito, y precisamente se ocupó del estudio jurídico tanto de los recursos presentados por el representante de la víctima como por el Ministerio Público, los cuales, se repite, en todo cuestionaban el preacuerdo celebrado entre la fiscalía y la defensa. Por lo tanto, en ningún momento, como lo señala el accionante, el ad-quem desbordó sus funciones, pues la decisión que se adoptó se refirió únicamente al motivo de las apelaciones, las que fueron de recibo para los Magistrados y halladas acordes a la legislación y a la Constitución.
De otra parte, adujo, el procesado ha gozado de su libertad desde el momento en que se revocó la medida de aseguramiento, pese a que aceptó responsabilidad en el preacuerdo por el delito que atenta contra la vida y la integridad personal, el cual comporta medida cautelar restrictiva de la libertad.
2. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal.
A través de correo electrónico, allegó fotocopia de la decisión objeto de reproche.


CONSIDERACIONES DE LA CORTE:


1. La acción de tutela fue creada por el constituyente para proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle protección supletoria, pues es ajena a su naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales que para la situación dada haya previsto el legislador.


2. XABIER IVANN ALEJANDRO PINEDA CERÓN, promovió acción de tutela contra la decisión adoptada por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal en cuanto decretó la nulidad del preacuerdo por él celebrado con la fiscalía y que condujo al proferimiento de una sentencia condenatoria en su contra como autor responsable del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, acto procesal que, por obvias razones también fue declarado inválido por vulneración de los derechos de las víctimas y del principio de legalidad de la pena.
3. Las pretensiones del demandante escapan al objeto de la acción pública, pues tienen como finalidad desconocer la decisión judicial proferida por la autoridad demandada, censura que se contrae a cuestionar la valoración que esa Corporación efectuó frente al cumplimento de los requisitos legales en la celebración de los preacuerdos, conforme fue transcrita en extenso en el acápite pertinente de esta decisión.
4. La interpretación legítima del funcionario judicial al resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenece a su autonomía como administrador de justicia y no puede controvertirse su criterio a través de una acción de tutela. Excepcionalmente esta regla resulta inaplicable cuando los funcionarios judiciales en las actuaciones cumplidas hayan desconocido los derechos fundamentales, situación que no corresponde al asunto examinado.
En consecuencia, el simple desacuerdo respecto de la figura jurídica de los preacuerdos y de la competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal para exigir la garantía de los derechos que asisten a las víctimas y la preservación del principio de legalidad de la pena al momento de conocer de un recurso de apelación contra una sentencia condenatoria, carece de entidad para tachar la determinación proferida como causal de procedibilidad, pues el principio de autonomía de la función jurisdiccional impide al juez de tutela inmiscuirse en pronunciamientos como el cuestionado sólo porque el sujeto procesal no lo comparte o tiene una comprensión diversa a la de la autoridad judicial.

Resulta equivocado que el actor haya acudido en este caso a la vía del amparo constitucional con el propósito de desconocer las actuaciones cumplidas por los funcionarios demandados, cuando las finalidades previstas para la acción pública no son las de una tercera instancia.


Tampoco procede la demanda como mecanismo transitorio, toda vez que de la actuación allegada no se evidencia que de negársele la tutela le sobrevenga un perjuicio irremediable; circunstancia que revela la improcedencia de la acción constitucional en este asunto.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la protección de las garantías fundamentales incoada por el apoderado especial del señor XABIER IVANN ALEJANDRO PINEDA CERÓN, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.


LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA


Nubia Yolanda Nova García

Secretaria

1Artículo 301. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:

1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito.

2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración.

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él.

4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después.

La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo.

5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible.

Parágrafo. La persona que incurra en las causales anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. [Art. 57 L1453/11]


2 &$Articulo 31. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.

En ningún caso la pena privativa de la libertad podrá exceder de cuarenta (40) años.

Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en ésta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente.

Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte


3 &$Articulo 229. Violencia intrafamiliar. El que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años.

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato recaiga sobre un menor.




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