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Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

Magistrada ponente

SC7004-2014

Radicación n° 11001-3103-042-2004-00209-01

(Aprobado en sesión de seis de mayo de dos mil catorce)


Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

En el evento de existir un acto o contrato generador de obligaciones entre los sujetos procesales, del cual el accionado derive la «posesión material de la cosa», o que le de soporte, no es viable que el dueño de la misma obtenga la recuperación mediante el ejercicio de la «reivindicación», sino que tendrá que ampararse en las «acciones restitutorias» para debatir tal aspiración.
9. Ahora, debido a que en los cuestionamientos que sirven de sustento a la acusación por la vía directa, enarbolada en el segundo reproche, se rebate la inferencia del ad quem atinente a que para la demostración de la «posesión de origen contractual», se requería «justo título», se procede a examinar la juridicidad de ese criterio.
a). En ese orden de ideas, primeramente se puntualiza que el «justo título» no aparece definido por el legislador, aunque de los artículos 764 a 766 del Código Civil, puede deducirse que su naturaleza es traslativa de la propiedad y tiene la connotación de acto jurídico, que ha de ser legítimo y ajustarse al ordenamiento legal, excluyendo con ello los «títulos no justos», y constituye junto con la «buena fe» presupuesto necesario para la existencia de la «posesión regular», la que a su vez, al tenor del precepto 2528 ibídem, es el sustento de la «prescripción adquisitiva ordinaria».
Sobre esa temática, esta Corporación en fallo CSJ SC, 4 feb. 2013, rad. 2008-00471-01, memoró:
En relación con el justo título, tiene dicho la Corte, que por éste ha de entenderse ‘todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto último, porque se toma en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que en concreto, podrían determinar que, a pesar de su calidad de justo, no obrase la adquisición del dominio. Si se trata, pues de un título traslaticio, puede decirse que éste es justo cuando al unírsele el modo correspondiente, habría conferido al adquirente el derecho de propiedad, si el título hubiese emanado del verdadero propietario. Tal el caso de la venta de cosa ajena, diputada por el artículo 1871 como justo título que habilitaría para la prescripción ordinaria al comprador que de buena fe entró en la posesión de la cosa’ (Cas. Civil del 26 de junio de 1964, G.J. CVII, pág. 372). En otra ocasión señaló que ‘el justo título para poseer y prescribir adquisitivamente es uno constitutivo o traslaticio de dominio que sirve legítimamente de motivo para que el que tiene la cosa se repute dueño de ella, séalo o no lo sea en la realidad’ (Cas. Civil del 29 de febrero de 1972, G.J. CXLII, pág. 88)1.
b). Al examinar la argumentación del fallador de segundo grado cuestionada por la censura, refulge el desacierto jurídico en que aquel incurrió, porque el requisito del «justo título» no es legalmente exigible para la estructuración de la defensa argüida de estar el demandado en «posesión material derivada de una relación contractual», pues en ese sentido ninguna exigencia impone el ordenamiento jurídico, por lo que basta la existencia de la detentación material de la cosa con ánimo de señor o dueño, conforme al artículo 762 del Código Civil, y de otro lado, la vigencia de un vínculo o acuerdo de voluntades que surta efectos entre propietario y poseedor, como partes del proceso, que justifique la «posesión de la cosa» por el accionado, independientemente de que el convenio hubiere sido incumplido, o que estuviere afectado de nulidad, o de algún otra anomalía sustancial que permita su impugnación, pues tales aspectos corresponde debatirlos en un escenario judicial de naturaleza contractual.
Sobre el particular, la doctrina jurisprudencial de esta Corporación, ha sostenido que en el evento de existir un acto o contrato generador de obligaciones entre los sujetos procesales, del cual el accionado derive la «posesión material de la cosa», o que le de soporte, no es viable que el dueño de la misma obtenga la recuperación mediante el ejercicio de la «reivindicación», sino que tendrá que ampararse en las «acciones restitutorias» para debatir tal aspiración.
En ese sentido se pronunció en el fallo CSJ SC, 30 jul. 2010, rad. 2005-00154-01, donde se memoró lo siguiente:
(…), la jurisprudencia inalterada de la Corte, con razón, precisa esa postura, expresando al respecto: ‘La pretensión reivindicatoria excluye de suyo todos los casos en que la posesión del demandado sea de naturaleza contractual, es decir, se rija por un contrato celebrado entre el dueño y el actual poseedor. En tales casos, mientras el contrato subsista constituye ley para las partes (artículo 1602 del Código Civil) y como tal tiene que ser respetado por ellas. Entonces, la restitución de la cosa poseída, cuya posesión legitima el acuerdo de voluntades, no puede demandarse sino con apoyo en alguna cláusula que la prevea, mientras el pacto esté vigente. La pretensión reivindicatoria sólo puede tener cabida si se la deduce como consecuencia de la declaración de simulación, de nulidad o de resolución o terminación del contrato, es decir, previa la supresión del obstáculo que impide su ejercicio. En este proceso se pide la reivindicación de determinado predio como súplica enteramente independiente y autónoma. Esta pretensión no puede prosperar mientras el contrato de promesa subsista, pues ocurre que por ese contrato se transformó la posesión extracontractual del demandado en posesión respaldada por un contrato y regida por sus estipulaciones. (…). Cuandoquiera que alguien posea en virtud de un contrato, es decir, no contra la voluntad del dueño que contrató, sino con su pleno consentimiento, la pretensión reivindicatoria queda de suyo excluida, pues sólo puede tener lugar en los casos en que el propietario de la cosa reivindicada ha sido privado de la posesión sin su aquiescencia. La acción de dominio es por su naturaleza una pretensión extracontractual, que repugna en las hipótesis en que los interesados han convenido en que uno de ellos autoriza al otro para poseer en virtud de un determinado contrato celebrado entre el uno y el otro’ (cas. civ. sentencia de 12 de marzo de 1981, CLXVI, página 366, reiterada en sentencia de 18 de mayo de 2004, [SC-044-2004] exp. 7076) (se resalta).
En verdad, admitirse la acción reivindicatoria con prescindencia de la relación jurídica contractual entre el dueño de la cosa y el poseedor, conduce al desconocimiento del acuerdo dispositivo de las partes, en grave atentado de la imprescindible seriedad, estabilidad y certeza del tráfico jurídico, dejando el vínculo intacto y sin solución.
Conformemente, cuando la fuente generatriz de la posesión es una relación jurídica negocial o contractual, su presencia excluye el ejercicio autónomo, directo e inmediato de la acción reivindicatoria en procura de la restitución de la cosa, que en tal hipótesis, únicamente puede obtenerse a través de las respectivas acciones contractuales inherentes al vínculo que ata a las partes y de la cual dimana.
c). En el caso bajo estudio, al examinar el primero de los cargos, quedó evidenciado que la «posesión» del inmueble detentada por el demandado, según las probanzas que omitió valorar el ad quem, está legitimada por una «promesa de venta» que celebró la actora con LEH…………………, a quien le hizo entrega del apartamento, el 18 de diciembre de 1992, habiéndose estipulado el otorgamiento de la respectiva escritura pública en la Notaría 33 de Bogotá, a las quince horas del 18 de febrero de 1993, bajo la condición de que se hubiere cumplido con el pago, y por manifestación expresa del Liquidador de la sociedad promotora del proceso, contenida en documento de 11 de noviembre de 2000, reconoció que el aludido bien raíz, «desde el mes de septiembre de 1996 lo ocupa y está en posesión de él, el señor NJGC……………………………», habiendo agregado que «a la fecha nos encontramos en trámite de escrituración a su nombre», gestión que no se había realizado por encontrarse aquel embargado, circunstancias estas que aparecen ratificadas en la confesión ficta, según los hechos plasmados específicamente en las preguntas séptima, octava y novena.
10. Así las cosas, se concluye que las acusaciones sustento de la impugnación extraordinaria, tienen la virtualidad de quebrar el fallo atacado, pues tal como se verificó al efectuar el estudio de los embates, se probó que el Tribunal incurrió en el «error de hecho» enrostrado por la censura, al omitir valorar los medios de convicción que evidencian la existencia de un vínculo contractual vigente, productor de efectos entre la actora y el accionado, que a este último le permitió entrar a ocupar el inmueble objeto del proceso, habiéndole reconocido la propietaria expresamente y por escrito, su condición de «poseedor material», al igual que informó que se encontraba en trámite el otorgamiento de la «escritura de venta», y de otro lado, se estableció el «error jurídico» al exigir un «justo título» como requisito para reconocer la excepción de «posesión de origen contractual» esgrimida por el demandado, cuando ese presupuesto se requiere es para estructurar la «posesión regular», que a su vez constituye el fundamento de la acción de «prescripción adquisitiva ordinaria».

Procede la Corte a decidir el recurso de casación formulado por NJGC………………………………., frente a la sentencia de 26 de marzo de 2012 proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, en el proceso ordinario reivindicatorio promovido por la sociedad «C……… 78 S.C.A., en liquidación» contra el recurrente, quien a su vez mediante reconvención solicitó declaración de pertenencia, trámite este al que se citó a la actora inicial y a LFNA…………………………….., como a las personas indeterminadas que pudieran tener derechos sobre el bien objeto del litigio.



I. ANTECEDENTES
1. En el escrito introductorio de la demanda inicial (c.1, fls.245-252), se solicitó declarar que pertenece a la accionante el derecho de dominio del apartamento 301 del «Edificio C……78 P.H.», ubicado en la carrera 1ª Este n° 78-44 de esta ciudad, comprendido dentro de los linderos especiales y generales ahí reseñados; en consecuencia, se ordene al convocado restituir el citado inmueble, y se le condene a pagar los respectivos frutos naturales y civiles, al igual que las reparaciones, las cuotas de administración, intereses y multas que hubiere dejado de cancelar durante el tiempo que ha ejercido posesión.
2. La causa petendi, admite el siguiente compendio:
a). La sociedad promotora del proceso, adquirió el lote de terreno por compra a Inversiones y Construcciones A… Ltda., según consta en la «E.P. n° 3630 de 28 de diciembre de 1988 de la Notaría 33 de Bogotá» y la construcción por haberla levantado a sus expensas.
b). El edificio en mención está sometido al régimen de propiedad horizontal, plasmándose el reglamento en la «E.P. n° 3838 de 29 de diciembre de 1989» del citado despacho notarial, reformado conforme lo indicado en la «E.P. n° 2008 de 20 de marzo de 2003 de la Notaría 19 de esta ciudad», habiéndose registrado tales títulos en el folio de M.I. 50C-319973.

c). Cada uno de los accionistas de la compañía actora, adquirieron una unidad residencial en el «Edificio C…… 78 P.H.», y quedaron para la enajenación a terceros los «apartamentos 101, 102 (sic) y 301».


d). Se celebró «promesa de permuta» con relación a los «apartamentos 101, 201 y 301» del citado edificio, entre la demandante «C…. 78 S.C.A.» y LH……………., concretándose la transferencia del dominio solo respecto de los dos primeros inmuebles, por lo que con posterioridad, el último de ellos se prometió en venta a LVDB………….., extendiéndose la respectiva escritura pública el 12 de mayo de 1993, aunque por razón de que la antes nombrada no compareció a suscribirla, «se deshizo el negocio».
e). Figura como propietaria inscrita del bien pretendido en reivindicación, «C………. 78 S.C.A.», encontrándose privada de su «posesión» desde marzo de 1999, «porque NJGC………………………………, la detenta de forma irregular y de mala fe».
3. El convocado al litigio una vez notificado del auto que admitió la demanda, contestó manifestando que las súplicas no podían prosperar, porque la actora carecía de derecho, toda vez que la «posesión» por él ejercida era de origen contractual y además por estimar que en virtud de la «agregación de posesiones», se consolidó en su favor la «prescripción adquisitiva del derecho de dominio». En cuanto a los supuestos fácticos fundamento de las peticiones, estuvo de acuerdo con los que aluden a los títulos y a la tradición en que sustenta la accionante el «derecho de propiedad», como también en lo relacionado con los convenios celebrados por ella con LH………, aunque precisó que fue este quien le solicitó a dicha sociedad que la «escritura pública» para formalizar el negocio respecto del inmueble materia del litigio, se hiciera a favor de la señora LVDB………………… ……….., y se apoya en esa circunstancia para rechazar el incumplimiento que le es enrostrado respecto de la «promesa de venta»; así mismo manifestó que es «poseedor regular» del predio, por lo que inclusive la actora admitió que debía otorgarle a su favor la respectiva «escritura pública», y propuso las defensas intituladas «prescripción adquisitiva del dominio en el demandado y consiguiente prescripción extintiva del mismo en el demandante, origen contractual de la posesión ostentada por el demandado, temeridad y mala fe en el demandante» (c.1, fls.279-294).
En escrito separado, formuló mediante reconvención (c.2, fls.7-14), declaración de pertenencia por «prescripción adquisitiva ordinaria», convocando a esa controversia a la propietaria inscrita, lo mismo que a LFNA……………….. ………. y a las personas indeterminadas que se creyeran con derechos sobre el predio en cuestión.
Adujo en los hechos, que es «poseedor regular» a partir de septiembre de 1996, siendo causahabiente de «LEH…….. ………..», quien tenía bajo su poder el apartamento desde el 18 de diciembre de 1992, por haberlo recibido de HA…… ….., quien para entonces era el representante legal de «C……78 S.C.A.», habiéndoselo entregado en cumplimiento de una «promesa de compraventa».
También aseveró que «el señor LEH………………….., dado que teniendo una sociedad de hecho con el señor NJGC…….. ………..debían liquidarla, al efectuar esa operación, saliendo a deberle algunos dineros a éste, para pagarle le cedió o traspasó los derechos acciones (sic), y la posesión sobre el citado apartamento», y que «C…….. 78 S.C.A.» conoció de esa situación y la aceptó, de ahí que mediante escrito de noviembre once (11) del año dos mil (2000), dirigido por el Dr. JJM……………….., liquidador de la sociedad y por ello representante legal de la misma, a la administración del Edificio C……. 78, manifestó que el señor NJGC………………………….. estaba en posesión del apartamento 301 de ese edificio desde septiembre del año 1996, encontrándose en trámite la escrituración a su favor.
Sostuvo igualmente el convocado, que al agregar la posesión de «LEH………………….», el poder de hecho que él ostenta ha de contabilizarse a partir de 18 de diciembre de 1992, por lo que se concretó en su favor la «prescripción adquisitiva ordinaria», además porque ha ejecutado actos de dominio como el de habitar en el apartamento con su familia, sin reconocer derecho ajeno, pagar los servicios públicos, realizar mejoras y arrendamiento total o parcial.
Los accionados en reconvención, en la réplica se opusieron a las peticiones deprecadas en su contra (c.2, fls.30-40 y 46-49), y «C…… 78 S.C.A.» manifestó que «LEH ………………», no cumplió la «promesa de permuta» de 22 de octubre de 1992, por lo que el gerente de entonces no suscribió la «escritura pública», además hace cuestionamientos a la «posesión regular» planteada por el usucapiente, y culmina resaltando las pérdidas que ha soportado al estar privada del uso y disfrute del inmueble.
La curadora ad litem de las personas indeterminadas emplazadas, expresó no constarle los supuestos fácticos y en cuanto a las súplicas señaló que para su prosperidad se tuviera en cuenta lo probado (c.4, fls.122-123).
4. En la sentencia de primera instancia (c.5, fls.548-564), el a-quo desestimó las defensas propuestas por el accionado NJGC……………………………., al igual que las peticiones de la demanda de reconvención, acogió las pretensiones de la «acción reivindicatoria», salvo las concernientes al pago de frutos y demás condenas dinerarias solicitadas.
5. La parte vencida, interpuso recurso de apelación respecto de la señalada decisión, limitando su inconformidad a lo resuelto sobre la «reivindicación», al desestimar la excepción de su «posesión de origen contractual» y el ad quem la confirmó integralmente, condenando al recurrente a cancelar las respectivas costas, dejando luego sin efectos este último punto (c.7, fls.36-52 y 73-77).
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El juzgador de segundo grado, comienza por hacer un recuento de los antecedentes del caso, verifica la concurrencia de los presupuestos procesales y precisa que centra el estudio en lo atinente a los cuestionamientos del impugnante sobre la manera como se analizó y resolvió el aludido medio enervante, no obstante se aparta de ese propósito y orienta el examen a aspectos de la declaración de pertenencia.
En tal sentido, luego de rememorar que en la «demanda de mutua petición» se reclamó la «prescripción adquisitiva ordinaria», sostiene el ad quem que de conformidad con el artículo 2528 del Código Civil, en armonía con el 764 ibídem, la «posesión regular» es la que procede de «justo título», por el que «se entiende todo hecho o acto jurídico que por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio», y cita jurisprudencia de esta Corporación respecto de esa temática, concluyendo que no se trata simplemente de que el poseedor sea de buena fe, sino que por disposición de orden legal, para adquirir la prescripción adquisitiva ordinaria un bien inmueble, es necesario que ese poseedor a la buena fe le agregue la existencia de justo título, (…), luego como en este caso ese justo título no está presente, es decir, no obra la escritura pública que contenga el contrato de venta a la que solo le falte el registro, no era procedente o de recibo atender en forma positiva la excepción relativa al caso en estudio y menos la demanda de pertenencia, por lo que halla ajustada a derecho la orden al accionado de restituir el inmueble a la propietaria.
III. DEMANDA DE CASACIÓN
Se apoya la impugnación extraordinaria en dos (2) reproches, ambos cimentados en la causal primera, aduciéndose en el inicial la violación de la ley sustancial por vía indirecta, derivada de error de hecho y en el segundo se plantea la transgresión por la senda recta de disposiciones de aquella índole, los que es viable conjuntarlos para su estudio en razón a que no resultan incompatibles y se tornan complementarios, toda vez que la decisión atacada está fundada en una inferencia probatoria concerniente a que se acreditaron los requisitos axiológicos necesarios para la prosperidad de la «acción de dominio», tema este que se cuestiona en el reproche por yerro fáctico, y de otro lado, se argumenta que faltó acreditar «justo título», no solo para respaldar la posesión regular invocada para sustentar la acción de «prescripción adquisitiva ordinaria», sino la excepción relativa a la «posesión de origen contractual» propuesta para enervar la «pretensión reivindicatoria», situación esta última que es controvertida en el ámbito meramente jurídico, y de ahí que solo el análisis asociado de los embates permitirá garantizar la efectividad de la impugnación extraordinaria.

CARGO PRIMERO

1. Está sustentado en la «causal primera» del artículo 368 del ordenamiento procesal civil, y se denuncia que con el fallo impugnado se infringieron «por aplicación indebida», los cánones 946, 947, 950 y 952 del estatuto civil, y «por falta de aplicación» los preceptos «1494, 1502, 1503, 1517, 1602, 1603, 1610, 1611, subrogado por el 89 de la Ley 153 de 1887, 1618, 1620, 1959, subrogado por el 33 de la [citada ley], 1860 y 1992 sobre la aceptación tácita por el deudor de la cesión del crédito», lo que se originó por «error de hecho» al omitir la apreciación de las pruebas documentales, la confesión ficta del demandado y los testimonios de los deponentes asomados por el recurrente, de donde infiere que «entre la sociedad demandante y quien represento [demandado] existe un vínculo contractual que debe ser resuelto previamente a la prosperidad de la acción reivindicatoria».


2. Luego de transcribir apartes de la providencia atacada, el censor advierte que el juzgador anunció el estudio de lo atinente al «vínculo contractual entre las partes», no obstante lo que analizó fue el tema del «justo título en la prescripción ordinaria», y de ahí devino que pretiriera todas las probanzas demostrativas del citado acuerdo, hallando ahí el principal desacierto.
3. Sostiene el impugnante que los elementos de convicción cuya valoración se omitió, se concretan a los siguientes:
a). La promesa de permuta suscrita por C……. 78 SCA y LEH………………………, respecto de la que «aparecen los documentos denominados, en su orden, ‘convenio’ y ‘otro sí’», plasmándose en el primero que [e]l promitente vendedor declara que en lo que se refiere a la presente promesa de compra-venta ha entregado real y material los aptos. 101, 201 y 301 y ha firmado las escrituras públicas de los mismos y además ha recibido a entera satisfacción los pagos pactados en esta promesa’ y en literal b, que: [e]l promitente comprador a su vez declara que ha recibido los aptos. 101, 201 y 301 a entera satisfacción que se han firmado las escrituras públicas de los mismos, mientras que en el segundo instrumento, suscrito el 25 de enero de 1993, se contempla que la «fecha para la entrega real de los inmuebles: El apartamento 301 fue entregado al sr. LH……… el 18 de diciembre de 1992, y los apartamentos 101 y 201 se entregarán el 15 de abril de 1993», agregando que la actora allegó ese documento al proceso sin tacharlo, y en él encuentra el «nexo contractual que se torna en la fuente que legitima el derecho del demandado G………..», ya que el nombrado contratante «le cedió los derechos en la promesa en relación al apartamento 301 del edificio C…….. 78, razón por la cual este como cesionario, entró a poseer el inmueble desde 1996».
b). Afirmación contenida en el escrito introductorio «según la cual efectivamente existió una promesa de permuta entre C………… 78 SCA y LEH………………………….», circunstancia que armoniza con los señalados instrumentos, y fue inobservada por el sentenciador.
c). Memorial de convocatoria a la conciliación extrajudicial, donde la actora manifiesta: No obstante de la noche a la mañana aparece un señor NG……………….. un tiempo después, alegando que el señor H…………… le había vendido el apartamento y que estaba dispuesto a comprarlo y a pagarlo en su justo precio. Con dicho argumento en forma irregular tomó posesión [d]el apartamento 301, habiendo recibido las llaves del señor LEH ………………………, trasladó sus bienes y se tomó irregularmente la vivienda sin haber cumplido ninguna de las ofertas, resaltando de ahí que ese escrito prueba la forma como el accionado accedió al inmueble.

d). Comunicación de 11 de noviembre de 2000, dirigida por JJM…………………………., liquidador de la demandante, a la administración de la propiedad horizontal en mención, en la que expresa: En mi condición de liquidador y representante legal de la sociedad C…….. 78 S.C.A., liquidación, a cuyo nombre figura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, la propiedad del apartamento 301 de dicho edificio, manifiesto a ustedes que desde el mes de septiembre de 1996 lo ocupa y está en posesión de él, el señor NJGC, portador de la cédula de ciudadanía n° 19’154.996 de Bogotá, y que a la fecha nos encontramos en trámite de escrituración a su nombre, [e]scritura de venta que no se había protocolizar (sic) por encontrarse dicho inmueble embargado (…).

Infiere el censor del aludido documento, que contiene una «confesión» acerca de la posesión por el demandado de la mencionada unidad residencial y que al referirse al «compromiso de escriturar a nombre GC…………….. el inmueble, deja patente su reconocimiento como cesionario de los derechos que en su momento tuvo LEH…………………….», y que aun en el evento de no tener tal condición, el instrumento evidencia que «existe un acuerdo de voluntades entre la sociedad C…. 78 S.C.A. en liquidación y NJGC……………………………., (…), y el mismo tiene virtualidad para cerrarle el paso a la acción reivindicatoria, independientemente de si el correspondiente acto jurídico bilateral es válido o no».
e). «Confesión ficta» que operó por la inasistencia del representante legal de la sociedad accionante al interrogatorio de parte convocado a petición del demandado, de la que infiere el recurrente se concretó con relación a los siguientes hechos: a) Que C…… 78 S.C.A. le entregó la posesión del inmueble a mi poderdante. b) Que dicha entrega se hizo en desarrollo de la promesa suscrita con LEH…………………... b) (sic) Que el precio del apartamento fue pagado íntegramente por … LEH……………... c) Que la posesión del inmueble le fue entregada por H…….. a GC………. e) (sic) Que G…………………… notificó a C……..78 la obligación de suscribir en su favor la escritura de venta del apartamento, por cesión hecha por H……., y que aquel le reclamó en varias ocasiones que se suscribiera. f) Que C….. 78 S.C.A. dirigió a GC…………… la comunicación del 11 de noviembre de 2000 precisamente porque lo sabía cesionario de LEH……………………. g) Que desde 1996 C….. 78 ha tenido a G…….. como poseedor del apartamento 301. h) Que C…..78 está en mora de otorgar la escritura de compraventa del apartamento.
f). Testimonios rendidos por LJPA…………………. ……… y JMRM………………………., de los que el impugnante transcribe lo referenciado sobre los negocios celebrados entre NJG……………….. y LH…………………., respecto del reseñado inmueble, indicando que son contestes con las demás probanzas obrantes en el plenario.
4. Concluye el censor que los yerros del sentenciador son notorios y ostensibles, toda vez que orientó su análisis a «buscar pruebas de lo que no estaba en litigio (el demandado había desistido de la demanda de pertenencia al no impugnar lo resuelto por el a quo), y a[l] omitir indagar sobre las pruebas del extremo del proceso que sí lo estaba: la existencia de nexo contractual entre demandante y demandado», situación esta que lo condujo a omitir los elementos de juicio antes relacionados; además resalta los aspectos que según su parecer patentizan la trascendencia del desacierto planteado, por lo que pide casar el fallo del ad quem, y revocar el proferido por el juez de primer grado, para que en su lugar se acoja la defensa atinente al «origen contractual de la posesión ostentada por el demandado».

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